En el caso analizado, un tribunal laboral dejó sin efecto la multa aplicada, considerando que la empresa había concurrido mediante una apoderada con un poder jurídicamente válido y que la Administración debía facilitar alternativas razonables para verificar su autenticidad y permitir el desarrollo de una instancia destinada a favorecer la conciliación y evitar la judicialización del conflicto.

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