El nuevo criterio retoma la antigua línea doctrinal, y establece que este tipo de acuerdos, al no ajustarse a los procedimientos del Libro IV del Código del Trabajo, no constituyen instrumentos colectivos: no procede su registro ante la Inspección del Trabajo, y cualquier controversia sobre su cumplimiento o interpretación debe resolverse ante los Juzgados de Letras del Trabajo, y no por la vía administrativa.
El cambio de doctrina es un recordatorio importante: la forma jurídica de estos acuerdos marco determina directamente su exigibilidad, quién puede hacerlos valer y ante qué instancia. Conviene revisar cómo se han documentado este tipo de compromisos, qué expectativas de cumplimiento generan hacia terceros, y cuál es la vía real de exigibilidad si no se ajustan a las reglas de negociación colectiva reglada.
Por la relevancia práctica de este cambio y sus efectos sobre acuerdos ya suscritos, es fundamental evaluar los alcances de los instrumentos colectivos con asesoría jurídica especializada.