Se evidencia un interesante razonamiento relativo a la extralimitación o abuso del fiscalizador del Servicio al aplicar la multa sobre la base de antecedentes recopilados en un proceso de fiscalización previo, teniendo por acreditados hechos que no pudo constatar o determinar directamente en el recinto, o bien de la prueba ofrecida o requerida. El tribunal, correctamente, pondera la garantía al debido proceso y el derecho a defensa del empleador, y critica la acción del Servicio al intentar suplir las deficiencias probatorias con hallazgos de otro proceso de fiscalización. Realizamos un breve análisis de la sentencia para comentar sus alcances y consecuencias. Siempre hay que recordar que, precisamente por tratarse de funcionarios públicos, las actuaciones de los fiscalizadores deben garantizar la aplicación del principio de legalidad y tipicidad. La asesoría legal es crucial para identificar cualquier clase de extralimitación en el ejercicio de tales funciones.
Con fecha 28 de abril del 2026, el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua dictó sentencia en reclamo judicial contra multa aplicada por el IPT de Rancagua, dejándola sin efecto.
Sentencia ·
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