a Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección interpuesto por una empresa tras constatar que la Dirección del Trabajo no cerró una investigación dentro del plazo legal de 30 días, como exige la Ley Karin.
El caso se originó por una denuncia de acoso laboral, en la cual se ordenaron medidas de resguardo como la separación de espacios de trabajo. Sin embargo, vencido el plazo, no hubo pronunciamiento sobre la vigencia de estas medidas ni comunicación del estado del procedimiento.
El tribunal consideró que la omisión vulneró garantías constitucionales y generó incertidumbre jurídica, ordenando el cierre de la investigación y la notificación de sus resultados.
El fallo subraya la importancia de respetar los plazos y principios de celeridad en procedimientos sensibles y de alto impacto en los entornos laborales.